La minería ilegal «está afectando la mayoría de los ríos»
Lizardo Cauper indicó que la mayoría de los ríos de la comunidad shipibo-coniba están siendo afectados por la contaminación minera, cuyos campamentos ilegales se asientan en las cabeceras de dichos afluentes.
Las comunidades nativas de la selva peruana denuncian que la minería ilegal no solo contamina su territorio, sino que sus redes criminales atentan contra la vida de quienes se les oponen o compran las conciencias de sus dirigentes. Todo esto, ante la pasividad del Estado e, incluso, la complicidad de las autoridades.
Esto fue lo que señalaron a RPP tres dirigentes de dichas comunidades: Lizardo Cauper Pezzo, presidente del Consejo Shipibo-Conibo; José Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, región Loreto; y el abogado Tsanim Evaristo Wajai Asamat, miembro de la Nación Wampis de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
¿Cuál es la situación de terror que viven sus pueblos ante estas organizaciones criminales? Estos son sus testimonios.
La minería ilegal «está afectando la mayoría de los ríos»
Lizardo Cauper indicó que la mayoría de los ríos de la comunidad shipibo-coniba están siendo afectados por la contaminación minera, cuyos campamentos ilegales se asientan en las cabeceras de dichos afluentes.
«Actualmente, crece la minería ilegal y otras actividades que contaminan al medio ambiente. También eso afecta a la población del pueblo shipibo-conibo y a otros pueblos, no solamente el pueblo indígena, originario de Ucayali, sino también otros no indígenas que están a la orilla de estos ríos en las cabeceras. Hay muchas actividades económicas ilegales que hoy funcionan», relató.
«Entonces, hablando de minería ilegal, esto está afectando la mayoría de los ríos que crean el río Ucayali y eso, a su vez, llega también a las ciudades», acotó.
«Estaba escuchando [que] hay una mesa de minería ilegal; sin embargo, no reciben nuestras demandas que planteamos. Hemos presentado en diferentes escenarios del Ministerio Público este tipo de amenazas por la defensa de sus territorios, queriendo expulsar a los mineros ilegales y otro tipo de actores, pero no tenemos respuesta concreta en esta situación», indicó.
«Las autoridades tienen que estar trabajando muy fuerte, porque estas demandas no son desde ahora, vienen desde lejos. Y el tema de la corrupción […] maneja mucha economía y divide a las poblaciones. Eso es lo que hoy están aprovechando estas situaciones circunstancialmente», aseveró.
«No existiría minería aurífera en el río Nanay sin la complicidad o la negligencia del Estado»
Por su parte, José Manuyama indicó que, pese a que Iquitos ha logrado articular movilizaciones de más de 10 mil personas en defensa de su territorio, particularmente del río Nanay, la amenaza directa contra su comunidad continúa presente.
«Iquitos es la ciudad en toda la Amazonía que [se] ha logrado articular en grandes marchas de 10 mil personas en varios años […] Acá hay un caso especial, hay una amenaza directa a 500 mil personas, a la capital del oriente peruano, a la capital de Loreto. Aquí hay una actividad que no solo amenaza a una comunidad […], amenaza a 500 mil personas que dependen directa o indirectamente del río Nanay», explicó.
En esa línea, el dirigente expresó que no existiría este tipo de economía criminal sin la «complicidad o la negligencia del Estado».
«No existiría minería aurífera en el río Nanay sin la complicidad o la negligencia del Estado en todos sus sectores. Desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Gobierno Regional de Loreto, el Ejecutivo en sí. El Nanay es una zona controlable. O sea, no puede existir minería aurífera ahí si el Estado no conoce lo que está pasando ahí», enfatizó.
Asimismo, señaló que muchos ‘apus’ de su propia comunidad se han puesto de lado de los mineros ilegales debido a favores económicos.
«Como en todo caso, como sucede en la ciudad, o sea, el sistema inescrupuloso donde no importa de dónde se saca el dinero, termina también contagiando a las comunidades que están abandonados por el propio Estado, por el propio gobierno regional que no hace nada. Entonces, la población es vulnerable a hacer este tipo de cosas, pero es una condición derivada del abandono del Estado. Si las comunidades estuvieran atendidas, no habría ningún ingreso de ninguna actividad ilegal», precisó.
«Es muy difícil combatir nosotros mismos [a la minería ilegal] sin el apoyo del Estado»
A su vez, Tsanim Evaristo Wajai Asamat, abogado y dirigente de la Nación Wampis, indicó que la minería ilegal está enquistada «en el sector Río Santiago» y que no solo atenta contra el medio ambiente, sino también contra su contexto social.
«La minería ilegal enquistada en el sector Río Santiago, en el territorio Wampis, está causando muchos daños. No solamente daños en el medio ambiente, sino también en el contexto social, en el sentido de que estos mineros ilegales, operadores ilegales, compran con dinero -ya que sabemos que la minería mueve mucho dinero- la conciencia de los comuneros, específicamente de los ‘apus’ de la comunidad para, de cierta forma, tener esa legitimidad, entre comillas, y seguir operando impunemente ante la vista de todas las personas», señaló.
En ese sentido, Wajai Asamat sostuvo que su comunidad viene incentivando el desarrollo de actividades económicas alternativas, que permitan el desarrollo económico de sus habitantes.
«La Nación Wampis viene haciendo actividades alternativas a este tipo de ilegalidad, como es la construcción de una planta procesadora de aguaje, en una comunidad llamada Candungos, con la finalidad de permitir generar ingresos a las familias sin causar daño al bosque, al medio ambiente. Promover la crianza de aves menores, como son las gallinas, los patos. Estamos entregando, por ejemplo, a las familias que tienen esa iniciativa las mallas para que puedan cercar y tener mejor crianza de esas aves menores, y así como también estamos impulsando lo que es la piscicultura, la crianza de peces», indicó.
Sin embargo, refirió que esto no será suficiente si no cuentan con el apoyo del Estado.
«Consideramos que es muy difícil combatir nosotros mismos, sin el apoyo del Estado, porque, como mencioné, esta actividad de minería ilegal mueve mucho dinero. Por lo tanto, los ‘apus’ muchas veces son comprados por los mineros ilegales y los ponen en contra de nosotros […] Antes teníamos ese principio de unidad para afrontar cualquier tipo de problemática que nos afecte, así como un trabajo comunitario. Sin embargo, actualmente, ya se están socavando esos principios y es muy difícil combatir», relató.
¿La Fiscalía tiene capacidad para combatir el avance de la minería ilegal en las comunidades nativas?
Tras escuchar estos testimonios, RPP conversó con Frank Almanza, fiscal superior especializado en materia ambiental, respecto a la capacidad de su institución para combatir a la minería ilegal en esos territorios indígenas. El magistrado señaló la falta de presupuesto y la necesidad de contar con mayor personal desplegado en esas jurisdicciones.
«Lamentablemente, no tenemos el apoyo presupuestario que siempre hemos demandado en el Ministerio Público. Tenemos únicamente dos fiscales provinciales en Loreto para todo lo que es el combate contra las actividades de crimen organizado contra el medio ambiente. Tenemos dos fiscalías también en Pucallpa y tenemos otras dos en Amazonas», indicó.
«Entonces, no tenemos el número adecuado de fiscales, no tenemos los equipos como para combatir esta situación tan grave y alarmante. Lamentablemente, estamos en esa situación», resaltó.
Sin embargo, Almanza dijo que, «pese a eso, todos los días hacemos operativos de interdicción, todos los días salimos, hacemos actividades de campo y enfrentamos, con todas esas limitaciones presupuestarias y, sobre todo, legislativas, este grave daño que se está haciendo a la ecología, al ecosistema y, en el caso de la selva, a las aguas de los ríos que toman las poblaciones aledañas».
